El tribunal decidió volver a reunirse en esa fecha después de celebrar hoy otro pleno en el que desestimó los recursos de súplica interpuestos por el abogado Iñigo Iruín contra la negativa de la Sala a que las partes pudieran estar presentes durante el examen secreto de los documentos que realizó el pasado día 12.

Iruín, que había apoyado la práctica de esa prueba, solicitó, sin embargo, que en dicho examen partcipasen las partes personadas en los recursos contra la no desclasificación -él mismo, el fiscal y el abogado del Estado- para que no se les produjera indefensión. Sin embargo, la sala lo rechazó al considerar que supondría una desclasificación de hecho, lo que fue recurrido por Iruín.

De acuerdo con las mismas fuentes, los magistrados de la Sala Tercera acordaron esta mañana por unanimidad, en una reunión que se prolongó por menos de una hora, desestimar las súplicas, al entender que sobre el derechoconstitucional de los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los tribunales sin que se produzca indefensión prima otro artículo de la Carta Magna que limita el acceso de los ciudadanos a los archivos administrativos cuando afecten a la defensa y seguridad del Estado.

Agregaron que, no obstante, la resolución en la que el tribunal fundamenta su decisión de hoy no será notificada a las partes hasta la próxima semana.

Tras la reunión de hoy, la sala tan sólo tiene pendiente pronunciarse sobre sifue ajustada a derecho la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto de no entregar a los jueces los documentos que le reclamaban.

El Gobierno alegó entonces que dichos documentos no podían ser desclasificados puesto que su contenido afectaba a la seguridad nacional, cuestión sobre la que deberá decidir la sala para resolver si dichos papeles deben ser o no facilitados a la Justicia.

La decisión del Consejo de Ministros de rechazar la desclasifación de los documentos fue recurrida ate la Sala Tercera por el abogado Iñigo Iruín, que ejerce la acusación particular en los casos Lasa y Zabala, Oñaederra y Urigoitia, cuyos instructores, Javier Gómez de Liaño, Baltasar Garzón y Justo Rodríguez habían pedido al Gobierno una veintena de papeles del CESID.

Los tres recursos, uno por cada sumario, fueron admitidos a trámite por el tribunal que, asímismo, también acordó practicar como prueba el examen secreto de los documentos con el fin de poder resolver posteriormente sobre el fondo de ls impugnaciones.

Dicho análisis "in camera" fue realizado el pasado 12 en la sede del Alto Tribunal por el pleno de la sala, que pudo cotejar que los documentos solicitados por los jueces se corresponden con las microfichas que constan en los archivos del CESID, que les fueron facilitadas ese día.

La desclasificación de los documentos del CESID es apoyada por el fiscal, que estima que no afectan a la seguridad nacional, mientras que el abogado del Estado se opone a su entrega a los jueces.

L próxima reunión de la Sala Tercera se producirá una semana después de que la Sala Segunda del Alto Tribunal, encargada del 'caso GAL', resuelva si el juez Eduardo Móner debe pedir también al Gobierno varios documentos secretos, tal como le solicitó la acción popular.

Móner rechazó en varias ocasiones practicar dicha diligencia alegando que ya los habían solicitado otros jueces y que la Sala Tercera todavía no se había pronunciado al respecto, lo que tampoco habrá hecho cuando la Sala Segunda se reunael próximo día 11.