Para ello, sus 33 magistrados celebran un pleno en el que deben pronunciarse sobre los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra dicha resolución gubernamental.

El tribunal decidió reunirse hoy después de celebrar el pasado 27 de febrero otro pleno en el que desestimó los recursos de súplica interpuestos por el abogado Iñigo Iruín contra la negativa de la Sala a que las partes pudieran estar presentes durante el exmen secreto de los documentos que realizó el pasado día 12.

Iruín, que había apoyado la práctica de esa prueba, había solicitado sin embargo que en dicho examen participasen las partes personadas en los recursos contra la no desclasificación -él mismo, el fiscal y el abogado del Estado- para que no se produjera indefensión. Sin embargo, la Sala lo rechazó al considerar que supondría una desclasificación de hecho, lo que fue recurrido por Iruín.

En la reunión de hoy, la Sala deberá pronunciarse sore si fue ajustada a derecho la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto de no entregar a los jueces los documentos que le reclamaban.

SEGURIDAD NACIONAL

El Gobierno alegó entonces que dichos documentos no podían ser desclasificados puesto que su contenido afectaba a la seguridad nacional, cuestión sobre la que deberá decidir la Sala para resolver si dichos papeles deben ser o no facilitados a la Justicia.

La negativa del Consejo de Ministros a desclasificar los documentos fue rcurrida ante la Sala Tercera por el abogado Iñigo Iruín, que ejerce la acusación particular en los casos Lasa y Zabala, Oñaederra y Urigoitia, cuyos instructores, Javier Gómez de Liaño, Baltasar Garzón y Justo Rodríguez, habían pedido al Gobierno una veintena de papeles del CESID.

Los tres recursos, uno por cada sumario, fueron admitidos a trámite por el tribunal, que también acordó practicar como prueba el examen secreto de los documentos con el fin de poder resolver posteriormente sobre el fondo de as impugnaciones.

Dicho análisis 'in camera' fue realizado en la sede del Alto Tribunal por el pleno de la Sala, que pudo comprobar que los documentos solicitados por los jueces se corresponden con las microfichas que constan en los archivos del CESID, que les fueron facilitadas ese día.

La desclasificación de los documentos del CESID es apoyada por el fiscal, que estima que no afectan a la seguridad nacional, mientras que el abogado del Estado se opone a su entrega a los jueces.

La reunión e la Sala Tercera se produce una semana después de que la Sala Segunda del Alto Tribunal, encargada del 'caso GAL', confirmase la decisión del juez Eduardo Móner de no pedir al Gobierno varios documentos secretos, como le solicitó la acción popular.

Móner desestimó en varias ocasiones practicar dicha diligencia, alegando que ya los habían solicitado otros jueces y que la Sala Tercera todavía no se había pronunciado al respecto.