Así lo afirma la Sala Tercera en las sentencisa notificadas hoy por las que acuerda desclasificar un total de 13 de los 16 documentos que reclamaron los jueces que investigan la guerra sucia contra ETA.

Para el tribunal, ello es así dado que la seguridad estatal "se perjudicará si no descansa en la confianza de los ciudadanos en que la actuación de las fuerzas de seguridad se adjuntan en todo caso a las exigencias legales y que la actuación judicial, cuando investig presuntas ilegalidades policiales, se desarrolla libremente".

Además, el Alto Tribunal indica que el acuerdo del Consejo de Ministros rechazando la desclasificación, al otorgar preponderancia a la seguridad del Estado no realizó adecuadamente el juicio de ponderación, "pues debió dar prevalencia al derecho fundamental, a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, que también aparece concernido".

Agrega que ello "con más razón, cuando la causa penal de la que deriva el acuerd trata de proteger bienes jurídicos tan relevantes en un Estado de Derecho como el derecho a la vida, la libre actuación de la justicia y la inviolabilidad del domicilio".

Contra las sentencias acordando la desclasificación de los documentos han presentado votos particulares en disconformidad con algunos de sus fundamentos varios magistrados, entre los que figuran el presidente de la Sala Tercera, Angel Rodríguez, y el magistrado Pascual Sala.

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