Además, segú informó esta tarde a los medios de comunicación un portavoz del Alto Tribunal, la Sala decidió que dicho "examen reservado de los documentos se realize en la sede del Tribunal Supremo".

Esta decisión, adoptada por el pleno tras más de tres horas de reunión, supone una fórmula intermedia entre lo que le solicitó el fiscal y el abogado Iñigo Iruín, que presentó los recursos contra la no desclasificación de los documentos que esta Sala está tramitando.

Así, el fiscal había pedido al tribunal que soicitase al Gobierno los documentos para que fuesen examinados por una delegación de tres magistrados antes de resolver el fondo de los recursos, mientras que Iruín propuso que dichos documentos fuesen examinados por el pleno y por las partes personadas en las impugnaciones, fiscal, abogado del Estado, y él mismo como recurrente.

Tras esta decisión de hoy, el tribunal dispone de 9 días para practicar esta prueba, dado que el pasado 20 de enero abrió un plazo de 20 días para que las partes le propusiera las pruebas que considerasen pertinentes, plazo en el que también deben practicarlas.

Con este examen reservado de los documentos, la Sala comprobará si los papeles secretos del Cesid se corresponden con los que figuran en los sumarios que instruyen los tres jueces, Baltasar Garzón, Javier Gómez de Liaño y Justo Rodríguez, que pidieron la desclasificación al Gobierno.

Mediante este cotejo, el Alto Tribunal establecerá si dichos documentos afectan a la seguridad del Estado, argumento dado por el onsejo de Ministros para denegar la desclasificación de la veintena de documentos del Cesid que le pidieron los tres magistrados.

No obstante, la última palabra la tiene ahora el Gobierno, que podría rechazar la petición del Tribunal Supremo e impedir así practicar esta prueba.