En declaraciones a Servimedia, Gregorio Alvarez, miembro del secretariado de la asociación y portavoz en funciones, señaló que los parlamentarios deberían testificar si conocieron en dicha comisión hechos delictivos ya que, a su juicio, "es una obligación constitucional y el no hacerlo volvería a causar un grave daño a la credibilidad emocrática de España".

Aseguró que la colaboración con la justicia es una obligación "y cuando nos referimos a hechos gravísimos como los que se están investigando, la dimensión de esa colaboración aparece subrayada y reforzada como una necesidad de supervivencia de la propia democracia: no pueden quedar ante una barrera sin esclarecer hechos de esta naturaleza".

No obstante, indicó que los diputados pueden acogerse al secreto profesional y no declarar ante el juez, aunque dijo que la postura "corecta" sería esperar a que los servicios jurídicos del Congreso emitan un dictámen sobre las comparecencias de los parlamentarios ante el juez.

Gregorio Alvarez indicó que, en principio, la petición de Gómez de Liaño de que declaren los diputados no le parece mal porque "no es una vía que no esté contemplada en la ley y como no está prohibida, está permitida lógicamente".

Tras resaltar que es un hecho que se produce por primera vez en la historia jurídica española y que se están investigando hechs en principio muy graves, agregó que el hecho de que el instructor agote todas las vías de instrucción que le permite el ordenamiento jurídico, "no es solamente posible, sino que es imprescindible, que se agoten, con respeto a la ley por supuesto y a las normas de procedimiento".

"Si eso es así", insistió, "me parece correcto que se explore esa vía por mucha sorpresa que pueda producir a todo el mundo por la novedad".

DEFICIENCIAS EN LA REGULACION

Por otra parte, el portavoz en funciones de Juces para la Democracia insistió en las deficiencias existentes en la regulación de los secretos en España lo que, a su juicio, exige que se regule con urgencia "en un sentido democrático, estableciendo controles y límites a los secretos".

"Toda esta materia está intocada desde un punto de vista democrático y hace falta establecer límites y controles, que no existen en este momento", destacó Gregorio Alvarez, quien agregó que es necesario establecer algún mecanismo para solventar de manera democrática os conflictos que se puedan plantear entre la investigación de hechos graves de naturaleza delictiva y el ámbito de los secretos.

En este sentido, recordó que Jueces para la Democracia ya ha sugerido la creación de la figura de la "inspección en cámara", existente en el derecho anglosajón, para que un juez, que ya se determinará, examine si los documentos reclamados por la justicia afectan o no a la seguridad del Estado o si contienen materia trasladable al procedimiento judicial para esclarecer los hchos delictivos.

Asímismo, dicha figura establecería de qué manera se puede canalizar al procedimiento judicial, guardando las garantías, los derechos humanos y constitucionales, por un parte, y la eventual seguridad del Estado, por otra. "Lo que no puede ser es que se diga no y ahí se acabó, con la sospecha que tiene toda la ciudadanía de que ahí puede haber algo no claro, no democrático, no transparente y algo grave", concluyó.