Iruín formula esta petición en los escritos de formalización de los recursos contencioso-administrativos que interpusoel pasado septiembre contra la no desclasificación de esos documentos, decidida por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto.

Fuentes judiciales consultadas por Servimedia destacan la importancia de este trámite, dado que la sala deberá pronunciarse sobre el contenido concreto de los recursos de Iruín y, por tanto, resolver si el acuerdo del Consejo de Ministros fue ajustado a derecho.

El abogado solicita, en primer lugar, que el Supremo declare nulo el acuerdo del Gobierno porque lesiona elderecho a la tutela judicial efectiva e impide el el derecho a utilizar todos los medios de prueba.

En sus recursos, Iruín alega que con su decisión de no desclasificar los documentos del CESID, el Gobierno ha hecho una incorrecta ponderación o jerarquización de los intereses y derechos en juego, primando la seguridad del Estado sobre los derechos fundamentales y básicos del procedimiento penal.

Así, estima que el Ejecutivo ha hecho un uso abusivo del concepto de la Seguridad del Estado, convirtindolo en una coartada para impedir la investigación de gravísimos delitos en los que pudieran estar incriminados funcionarios públicos.

El abogado considera que la Seguridad del Estado es un concepto al que se puede apelar fácilmente, pero de difícil definición, y que el Gobierno ha ampliado el radio de acción de ese concepto de manera absolutamente arbitraria, creando casi un derecho fundamental del Estado al secreto.

Ello, a su juicio, supone una vulneración de derechos fundamentales, así como un vaciamiento" de las facultades jurisdiccionales de los jueces de instrucción.

PLAZOS

Las fuentes consultadas señalaron que tras la formalización de los recursos, trámite cuyo plazo concluía mañana, la sala procederá a dar traslado al fiscal y al abogado del Estado para que en el plazo común de 8 días hagan las alegaciones que consideren pertinentes.

Una vez recibidas esas alegaciones, la sala dispondrá de un máximo de 20 días para practicar las pruebas documentales que soliciten las partes, i lo estima necesario, tras lo cual deberá dictar sentencia.

De este modo, el pronunciamiento de la Sala Tercera sobre los documentos del CESID podría producirse a principios del próximo mes de diciembre, de acuerdo con las mismas fuentes.

Por otra parte, la Sala Tercera ha designado al magistrado Pedro Mateos García como instructor de las recusaciones que Iruín presentó contra Pascual Sala y contra José María Ruiz Jarabo con el fin de que no participen en el pleno que deberá resolver sus recurso contra la no desclasificación de los documentos.

Iruín recusó a los dos magistrados al considerar que están "contaminados" para resolver dichos recursos por haber formado parte del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que en diciembre pasado dictaminó que el Gobierno es el competente para clasificar materia reservada.