La diputada del Grupo Mixto Mercé Rivadulla (IC-Els Verds) había dirigido al Gobierno tres preguntas por escrito solicitando información sobre el conocimiento, seguridad e interés o no del ministro de Defensa acerca de presuntas actividades ilegales del Cesid, a propósito del escándalo de las presuntas escuchas a la sede de HB en Vitoria.

En su contestación,el Gobierno asevera que el Ministerio de Defensa "ha cumplido, y cumple, de la manera más escrupulosa, el mandato del artículo 103 de la Constitución, que establece que la Administración Pública actúa 'con sometimiento pleno a la Ley y el Derecho'".

Al respecto, precisa que "es al director general del Cesid a quien corresponde asegurar la ejecución de las misiones encomendadas", en tanto que "el compromiso del ministro de Defensa es hacer cumplir la legalidad vigente".

Asimismo, señala el Ejecutio en su contestación parlamentaria que, en cuanto a los procedimientos utilizados por el Cesid, "la legalidad o de los mismos es susceptible de interpretaciones diversas, teniendo en cuenta, como debe ser, la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. En todo caso, -concluye- será el Poder Judicial el que lo determine", en relación concreta al procedimiento judicial abierto por las supuestas escuchas a HB.