El Ministerio de Defensa presentó ayer en el juzgado de guardia de Madrid un conflicto de jurisdicción con el juez Baltasar Garzón para no entregarle los papeles secretos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, afirmando que la LSO prohibe tal extremo.

Vázquez Honrubia argumentó que en un Estado de derecho el juez de instrucción tiene que averiguar la verdad material de los hechos, esté donde esté, ya sea en la LSO o en la calle, razón por la que clificó de "aberrante" la argumentación esgrimida por el Ministerio de Defensa para no entregar los documentos del Cesid a Garzón.

En su opinión, la denuncia presentada ayer por el Ministerio de Defensa es una vía "totalmente inadecuada", que lo único que va a conseguir es atrasar el procedimiento judicial que lleva Garzón.

El portavoz de Francisco de Vitoria aseguró que, según la Constitución, el Gobierno no tiene más remedio que colaborar con el juez de instrucción, que está en el ejercicio de ss funciones y dentro de su competencia, "máxime cuando en este caso, que ya roza lo escandaloso, el propio Gobierno que se niega a entregar los papeles que se consideran fundamentales es el investigado".

A su juicio, con esta actitud el Gobierno rompe con el principio de igualdad ante la ley, ya que cualquier cuidadano, institución o administración está obligado a colaborar con el juez de instrucción.

Vázquez Honrubia recordó que un juez "puede dirigir un oficio, dos o cuarenta hasta lograr el eslarecimiento de los hechos y de la verdad material".