El Gobierno pretende que las actividades de los servicios de información estén fijadas por ley y no sólo por decreto, como hasta ahora, para que dispongan de un marco jurídico y se establezcan una serie de controles a algunas de sus actividades. Por ejemplo, la intervención de las comunicaciones deberán contar con autorizaciónjudicial, como sucede actualmente con la policía.

Para articular esta fórmula, el Ejecutivo estudia la posibilidad de que haya jueces adscritos a los servicios de información o la existencia de una autoridad judicial nombrada por el Consejo General del Poder Judicial, según "La Vanguardia".

Después de esta ley, el Gobierno prepara otra norma en la que toda la coordinación de los servicios secretos recaería sobre una persona con rango superior a ministro, pero no el presidente del Gobierno, es decr, un cargo como el que actualmente desempeña el vicepresidente Francisco Alvarez Cascos.

Ante esta información, el secretario de Relaciones con la Sociedad del PSOE, Alejandro Cercas, manifestó a Radio Nacional que "el Gobierno está deslegitimando constantemente la seguridad del Estado, como si esto fuera algo que estuviese conectado con problemas de criminalidad, cuando es la seguridad del Estado la que impide la criminalidad".

Cercas indicó que "hasta el vicepresidente del Gobierno se permite l lujo de conectar los servicios secretos y toda la parte discreta de trabajo del Estado con problemas de orden judicial, lo cual es una forma sutil e indirecta de ir deslegitimando al Gobierno de la nación e ir creando vías alternativas a lo que es el Estado democrático que señala la Constitución".

El dirigente socialista agregó que "aquí hay algunos recién llegados a la democracia que pretenden ser tan ultrademócratas que, al final, nos van a abrir unos agujeros en nuestra propia institucionalidad dmocrática, con unos problemas de relación entre los poderes del Estado y, previsiblemente, también, entre distintas salas del Tribunal Supremo".