El Ministerio de Defensa presentó ayer en el juzgado de guardia de Madrid un conflicto de jurisdicción con el juez Baltasar Garzón para no entregarle los papeles ecretos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, afirmando que la LSO lo prohibe.

Rodríguez Arribas recordó que la LSO es una norma finalista que tiene que ser interpretada y aplicada con arreglo a los fines que persigue: amparar la defensa nacional y proteger la seguridad del Estado.

Sin embargo, añadió que si se está hablando de un delito y de las pruebas que pueden conducir a su esclarecimiento, no se puede negar ningún tipo de colaboración argumentando la defensa y protección de la seguridd del Estado, porque entonces "se promovería la impunidad de un delito", fin que no está dentro de la LSO.

Rodríguez Arribas señaló que decir que la LSO prohibe entregar documentos como los del Cesid es una interpretación sobre la aplicación de tal normativa que, a primera vista, "no parece que pueda encajar en un conflicto de jurisdicciones".

"No se trata de que estén conociendo de un mismo asunto la Administración y los tribunales", argumentó. "No se trata de que exista un expediente en el Miniterio de Defensa que choca con un sumario que se tramita en el juzgado, sino que lo que hay es la opinión, perfectamente respetable, de la Administración de que no tiene obligación de entregar una documentación".

El presidente de la APM aseguró a Servimedia que "cuando se trata de materias interpretativas no hay conflicto de jurisdicción" y, dado que esta materia es competencia exclusiva de los tribunales, son éstos quienes tienen siempre la última palabra al respecto.

COMPETENCIAS JURISDICCIONALES Rodríguez Arribas pidió al Ministerio de Defensa que explique qué expediente administrativo es el que se está tramitando y plantea un choque de competencias jurisdiccionales con la Audiencia Nacional, porque es algo que no logra entender.

"Lo que no entiendo, porque no sé qué expediente es ese, es que exista un conflicto de jurisdicciones entre la Administración, que, que yo sepa, no está actuando, y un juez de instrucción de la Audiencia Nacional que sí que está actuando", dijo.

En su opinió, si el Gobierno entiende que no tiene por qué entregar los documentos del Cesid, el camino procesal adecuado sería contestar al requerimiento de Garzón argumentando su posición, cuestión que el magistrado puede aceptar o rechazar. En caso de rechazo, el Ministerio de Defensa tendría que solicitar al fiscal que recurriera la resolución.