El pasado día 17, la sala dictó una providencia por la que acordó entregar a la acción popular parte del expediente administrativo, dejando en la secretaría del tribunal la pare que contienen los tres dictámenes de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, favorables a la no desclasificación.

Esta decisión ha sido recurrida por la acción popular, que señala que la sala no da en su providencia "ninguna especialísima razón por la que, en contra de lo legalmente previsto, no se acuerde la entrega del expediente en su totalidad".

Agrega que si dicha cautela, "no legalmente prevista", se basa en que la parte del expediente que no se entrega transcribe literalmente losdocumentos cuya desclasificación y entrega fue solicitada por el juez Baltasar Garzón, "tal cautela, dicho con todos los respetos, no tendría tampoco lógica alguna, máxime cuando los referidos documentos del CESID han sido publicados íntegramente por dos medios de comunicación" y el ministro de Defensa, Eduardo Serra, confirmó que se correspondían con los solicitados por Garzón.

Por otra parte, el pleno de dicha sala se reune mañana, a partir de las 17 horas, para decidir si admite las pruebas que le olicitaron las partes personadas en los 3 recursos interpuestos por el abogado Iñigo Iruín contra la negativa del Gobierno a desclasificar los documentos.

Entre estas pruebas figura la formulada por la Fiscalía para que la sala pida al Gobierno que le entregue dichos documentos con el fin de que puedan ser examinados "in camera" por una delegación de tres magistrados antes de resolver sobre el fondo de los recursos, propuesta que es rechazada por una parte de los 32 magistrados que integran el pleno. Si la sala admite dichas pruebas, dispondrá de 9 días para practicarlas, tras lo cual deberá volver a reunirse en pleno para decidir si el Gobierno debe entregar o no a los jueces los documentos que le reclamaron.