De este modo, en un informe de unas 70 páginas remitido hoy al Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado solicita a la Sala Tercera que rechace los recursos interpuestos contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 2 de agosto de no desclasificar dichos papeles que le reclamaban varios jueces.

De acuerdo con las citadas fuentes, en su dictámen, la abogacía pide al Ato Tribunal que confirme la resolución del Consejo de Ministros porque fue adoptada de acuerdo con la legislación existente sobre secretos oficiales.

Asímismo, rechaza que dicha decisión del Ejecutivo suponga una vulneración de derechos fundamentales, en contra del criterio del recurrente, el abogado Iñigo Iruín, que impugnó el acuerdo del Consejo de Ministros al estimar que lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva, causando indefensión, así como el derecho a la utilización de todos los mediosde prueba.

La Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo, de la que es responsable Ricardo Miñarro, presentó este escrito en el último día del plazo de 8 días dado para ello por la Sala Tercera, después de que Iruín formalizase el pasado 25 de octubre sus recursos contra la resolución del Consejo de Ministros.

También hoy la fiscalía deberá formalizar su dictamen sobre los recursos contenciosos interpuestos contra la no desclasificación de los documentos del CESID.

En ese sentido, el diari "El Mundo" publica hoy que la fiscalía se pronunciará a favor de que el Gobierno levante el secreto sobre dichos papeles, información que el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, no quiso esta mañana confirmar ni desmentir a pesar de los requerimientos de los periodistas.

De acuerdo con este rotativo, el ministerio público apoyará la desclasificación al entender que mantener secretos los documentos vulnera varios derechos de los recurrentes y les crea indefensión.

Tras la presentación deestos dictámenes, la Sala Tercera abrirá ahora un plazo máximo de 20 días para practicar las pruebas documentales que le soliciten las partes, si lo estima necesario.

Una vez finalizado este periodo, la Sala Tercera señalará la fecha para que su pleno, encargado de resolver los recursos, proceda a deliberar y emitir su fallo, lo que podría ocurrir a principios del próximo mes de diciembre.

El abogado Iruín, que ejerce la acusación particular en los casos Lasa y Zabala y Lucía Urigoitia, solicitó n sus recursos a la Sala Tercera que requiera al Gobierno para que entregue a los jueces que investigan dichas causas los documentos del CESID que le reclamaron, con el fin de que se reestablezcan los derechos que, a su juicio, se vulneraron con la negativa del Consejo de Ministros a desclasificarlos.