Sala y Ruiz-Jarabo fueron recusados por el abogado Iñigo Iruin, que ejerce la acusación particular en el 'caso Lasa y Zabala' y en el 'caso Lucía Urigoitia', cuyo instructores solicitaron al Ejecutivo la desclasificación de varios documentos de los servicios de inteligencia.

Iruín recusó inicialmente a Pascual Sala por considerar que podría estar "contaminado" para resolver los recursos que presentó contra la nodesclasificación de los documentos, dado que había formado parte, como presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción que el 14 de diciembre del pasado año estableció que el Gobierno es el único competente para clasificar materia reservada.

Tras la presentación de esta recusación, la Sala Tercera acordó nombrar al magistrado José María Ruiz-Jarabo como instructor del incidente planteado contra Sala. Sin embargo, Iruín presentó poco después otra recusación contra aquél, aleando los mismos motivos que contra el que fuera presidente del Tribunal Supremo.

Ahora corresponderá al pleno de la Sala Tercera pronunciarse sobre ambas recusaciones, lo que probablemente hará desestimando los incidentes, teniendo en cuenta para ello que la Sala de Gobierno rechazó en su día las abstenciones que presentaron Pascual Sala y Ruiz-Jarabo al conocer que iban a ser recusados, según dijeron fuentes judiciales a Servimedia.

La Sala de Gobierno decidió el pasado 27 de octubre desestimar as abstenciones al considerar que no existe causa legal para que estos magistrados no participen en la deliberaciones a pesar de haber formado parte del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

La Sala de Gobierno estimó que dicho tribunal se limitó a establecer que el Ejecutivo era competente para clasificar materia reservada, sin entrar en el fondo de los documentos del CESID, que es lo que deberá resolver la Sala Tercera.

Aunque inicialmente se había barajado la posibilidad de que el pleno de l Sala Tercera aprovechara una misma reunión para resolver, además de las recusaciones, las pruebas presentadas por las partes personadas en los recursos contra la decisión del Gobierno, finalmente el tribunal ha acordado dictaminar sobre ambas cuestiones en dos plenos diferentes.

Así, tras la resolución de las recusaciones, la sala deberá proceder a fijar la fecha de un nuevo pleno en el que los magistrados decidan, entre otras cuestiones, si procede, tal como sostiene la Fiscalía, plantear al Gobiern la conveniencia de que los documentos del CESID que le reclaman los jueces sean examinados "in camera" mediante una delegación de tres magistrados, antes de resolver el fondo de los recursos.

En sus alegaciones remitidas a la sala, la Fiscalía reconocía que este trámite no está expresamente previsto en la legislación vigente, aunque indica que sería la única forma en que la sala podría valorar si los papeles del CESID afectan o no a la seguridad del Estado, argumento empleado por el Consejo de Ministos el pasado 2 de agosto para no entregarlos a los jueces.

Por otra parte, las citadas fuentes indicaron que la Sala Tercera del Alto Tribunal ha admitido a trámite un tercer recurso persentado por Iruín contra la negativa del Gobierno a desclasificar los documentos del CESID.

La admisión de esta impugnación, presentada en nombre de los familiares de Ramón Oñaederra y de la viuda de Vicente Perurena, cuyos asesinatos por los GAL investiga el juez Baltasar Garzón, ha sido acordada por la sección sptima de la Sala Tercera y no por el pleno de dicho tribunal, tal como ocurrió con los dos recursos anteriores.