CCOO afirmó que los ceses "no deben justificar el cierre de las investigaciones solicitadas por este sindicato" sobre el funcionamiento del Inem y de todas las instituciones de la administración del Estado en Murcia.

El secretario general de CCOO en Murcia, José Canovas, pidió que se hagan públicas las investigaciones realizadas en el Inem, tanto por la Inspección de Trabajo como por la Policía Nacional. De igual modo, solicitó que el delegado del Gobierno, Eugenio Faraco, remita al ministerio fiscal dichas investigaciones "para que actúe en consecuencia", si de ellas se desprenden irregularidades.

El secretario general de Administración del Estado de CCOO, Francisco Morote, dijo esta tarde a Servimedia que "la gota que colmo el vaso en el Inem fue una auditoría realizada en 1992 por la Intervención de Hacienda, que detectó graves irregularidades".

Como ejemplo, Morote señaló que "el 45% del asto ejecutado (en ese año) no estaba justificado, o sea, que de un presupuesto de 2.800 millones de pesetas, un total de 1.300 no se habían justificado, no se sabe donde habían ido a parar, pero lo peor es que no es la única auditoria que se han realizado en los últimos años, hay más que han detectado irregularidades".

Además, explicó que "ese dinero procedente del Fondo Social Europeo ha sido utilizado por la cúpula del Inem en Murcia para comprar amistades y fidelidades. Por ejemplo, el subdirectorde gestión económica del Inem en Murcia, Rafael Sánchez Sánchez, que también debería haber sido cesado por corrupto, destinaba parte de ese dinero -no justificado- a subvencionar centros de formación en ayuntamientos socialistas, aunque esos centros no reunían las condiciones necesarias".

Morote citó otro ejemplo: el Inem invirtió 500 millones de pesetas en la construcción de una escuela taller en el municipio de Ceutí, cuyo alcalde, el senador Manuel Hurtado, pertenece al sector político del PSOE queRafael Sánchez, el renovador.

Asimismo, denunció que el propio director provincial del Inem, José Sánchez Ros, se jactaba de contar con el apoyo de la anterior delegada del Gobierno en Murcia, Concepción Sáenz, actual directora general de Política Interior.

Con respecto a los ceses del director provincial de trabajo, José Antonio Gallego, y del jefe de la Inspección de Trabajo, Antonio Castellar, el secretario general de Administración del Estado de CCOO dijo que "las diferencias personales entreambos habían llegado a unos extremos intolerables, se llevaban a matar, y utilizaban como arma arrojadiza en su lucha personal los servicios de la Administración".

Morote esta convencido de que "el encargado de meter el bisturí o las pinzas de dentista en esta historia ha sido el delegado del Gobierno, Eugenio Faraco". Faraco fue odontólogo de Felipe González, antes de desempeñar su actual cargo.