Así lo resuelve el CES en su dictamen emitido a petición del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre la futura ley de crédito al consumo con la que el Gobierno, en respuesta a la transposición de una directiva europea, pretende introducir límites máximos a los tipos de interés en este tipo de créditos para evitar que sean “excesivamente elevados” y prohibir la concesión de crédito no solicitada. La norma europea busca la armonización en el tratamiento de los créditos no dudosos para que pueda darse un entorno competitivo equilibrado para el sector bancario comunitario.

A juicio del CES, la transposición es “correcta y adecuada”, pues, por una parte, considera que la creación de un entorno apropiado para que las entidades de crédito puedan hacer frente a los préstamos dudosos en sus balances y reduzcan el riesgo de una acumulación futura de tales préstamos “permitirá mejorar la solvencia de las entidades, preservando la competitividad y productividad del sistema financiero”.

Además, el desarrollo de mercados secundarios de créditos dudosos, objetivo que persigue también la directiva, “contribuirá a alcanzar una mayor competencia” en el sector bancario. Al mismo tiempo, el CES aplaude que la futura norma trate de mejorar la protección de los consumidores.

Por un lado, sobre la información suministrada a los compradores potenciales de créditos dudosos, el CES valora positivamente que el anteproyecto contemple el derecho de los posibles compradores de recibir la información necesaria para valorar los créditos. No obstante, detecta una “falta de concreción” sobre esta información, lo que podría generar inseguridad jurídica para los diferentes actores del mercado secundario de créditos dudosos.

Por otro lado, en lo que atañe a la política de renegociación de deudas, el CES señala que el anteproyecto busca incorporar la exigencia para con los prestamistas de contar con una política de renegociación de deudas en línea con lo dispuesto en la directiva, lo cual lo valora positivamente.

El anteproyecto establece la obligación de que las entidades financieras ofrezcan al prestatario en situación de vulnerabilidad económica cuyo préstamo haya devenido dudoso, la posibilidad de seguir ligado a la entidad sobre la base del cumplimiento de un plan de pagos individualizado ante la venta o cesión de su préstamo a un tercero. El anteproyecto detalla pormenorizadamente las medidas que deben contener esos planes de pago, incluyendo el esquema de quitas, lo que, a juicio del Consejo, “condiciona la capacidad de maniobra de las entidades financieras españolas a la hora de gestionar los riesgos de impago”.