"El CES estima que cabría recoger en el Anteproyecto la posibilidad de financiar, con cargo a fondos públicos, una partedel coste de provisión del servicio universal", dice el dictamen.

Además, pone de manifiesto que la nueva normativa incluye "excesiva" reglamentación y está sujeta a muchos reguladores, lo que "genera incertidumbre e inseguridad jurídica" para los operadores de telecomunicaciones.

Según el dictamen, el anteproyecto, a través de la excesiva remisión reglamentaria, otorga un margen de maniobra "demasiado amplio" a los diversos reguladores que hay en el mercado, lo que conduce a una gran inseguridadjurídica.

"Aunque el anteproyecto trata de poner orden en el entramado de competencias y de reguladores que actúan sobre diferentes aspectos en el sector, y a pesar de que parece clarificar los objetivos y competencias de cada uno de los reguladores actuales, todavía está lejos de conseguir una coordinación estrecha entre estas autoridades o el establecimiento de un único operador", insiste el dictamen.

Así, considera que la facultad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de vlar por la libre competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas debería ser interpretada con respeto de los órganos de Defensa de la Competencia como competentes para conocer de los actos, prácticas o conductas que puedan ser contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia.

El conocimiento de CMT en esta materia se debería centrar en el ejercicio de las funciones de telecomunicaciones señaladas y atribuidas para el fomento de la competencia.

Además, considera que se debe incluir unmodelo de coordinación entre todas las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a cada una de ellas, en especial, para que el fomento del despliegue de redes y la garantía de límites de emisión radioeléctrica de aplicación general no colisione con otras normativas surgidas en materia de medio ambiente, sanidad y urbanismo.

El dictamen expone que la nueva normativa debe fomentar las inversiones y promover la innovación tecnológica. Así, el despliegue de redes tendría que er, igual que la explotación de éstas, uno de los objetivos de la Ley.

En este sentido, el CES valora la amplia liberalización del régimen de licencias y autorizaciones para la prestación de servicios y explotación de redes, pero alerta de la necesidad de reforzar las sanciones administrativas para incumplimientos por parte de los operadores.

Finalmente, el CES aplaude la conservación de los números telefónicos por los abonados es un factor dinamizador de la competencia.