El dictamen del CES sobre el PDR afirma que persisten "importantes desequilibrios territoriales y sociales", tanto entre las distintas comunidades autónomas como dentro de ellas, y concluye que para lograr una mayor eficiencia "es preciso que se acomoden a la política regional el resto de las políticas económicas".

Considera que, si no se introducen las oportunas correcciones, "se produce una dinámica económica que concentra el crecimiento en las zonas más desarrolladas".

El CES estima que, si las líneas generales del PRD se desarrollan correctamente, se conseguirá impulsar la convergencia real regional, pero critica que el plan parece "una yuxtaposición de las propuestas de las distintas administraciones en la que, prácticamente, no se han considerado de manera conjunta e integrada las actuaciones".

En su opinión, el PDR debe contribuir al logro del equilibrio territorial, de forma que se supere la discriminación que sufren las zonas rurales en la dotación de servicos sociales para la población.

El dictamen pide "una actuación global dirigida a atenuar la brecha de servicios y dotaciones que separan a estas zonas del medio urbano, de forma que la población encuentre una calidad de vida que no la induzca a abandonar el medio rural".

Asimismo, el CES también cuestiona el hecho de que el Gobierno no haya contado con él en la elaboración del PRD y sólo le pida un dictamen una vez que éste está redactado.

De esta forma, solicita la creación de un comité de oordinación en el que el Estado y los interlocutores sociales y económicos discutan la aplicación de la política estructural comunitaria en España.

NUEVAS REFERENCIAS

El PDR 2000-2006 se dirige a las regiones españolas incluidas en el objetivo 1 de los fondos estructurales comunitarios, como son Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura, Murcia y Ceuta y Melilla.

El Consejo afirma que el Producto Interior Bruto (PIB) "per cápia" no debe ser la única referencia para decidir cuáles son las zonas objetivo 1, por lo que habría que incluir indicadores educativos, sanitarios, demográficos, medioambientales y de distribución de la renta.

Considera, además, que el PDR debería recoger la creación de paquetes de ayudas dirigidas específicamente a colectivos concretos dentro de las pequeñas y medianas empresas (pymes), como son empresarios jóvenes, mujeres empresarias o grupos desfavorecidos.

El CES reclama un mayor esfuerzo en a aplicación de los fondos destinados a empleo en las regiones con menor nivel educativo. En este sentido, sostiene que persisten "lagunas importantes" en los sistemas formativos y de orientación.

Este órgano consultivo cree que es necesario que se especialicen las acciones destinadas a la empleabilidad en función del colectivo concreto al que se dirigen (edad, sexo, tiempo en el desempleo, etcétera).

También demanda modificaciones en los servicios de orientación y clasificación de los demandante de empleo, que hasta ahora son "escasos y poco efectivos". Sostiene que las oficinas públicas de empleo deben fomentar la realización de contratos formativos.