Fuentes del CES explicaron que este asunto "tiene un claro interés económico, laboral y social, y por tanto, debería haber sido remitido por el Gobierno".

El Consejo recuerda que la Ley 21/1991 del 17 de junio le faculta para elaborar el informe por iniciativa propia. El CES cunta con representantes de los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de consumidores, el sector agrario y pesquero y la economía social, así como con expertos económicos designados por el Gobierno.