Con esta ley, que el Gobierno quiere tener en vigor el 1 de enero de 2007, se persigue desarrollar el cuarto pilar del estado del bienestar.

El Gobierno central va a poner sobre la mesa más de 12.600 millones de euros entre 2007 y 2015 para la implantación del Sistema Nacional de Dependencia y pide a las comunidades autónomas un esfuerzo similar.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, entregó el pasado 9 de enero el anteproyecto al presidente del CES, Jaime Montalvo, para su dictamen.

El CES constituyó el día 24 de ese mes la comisión que se ha encargado de elaborar el dictamen que mañana se someterá a la votación del Pleno del órgano consultivo, integrado por 60 consejeros.

Según ha podido saber Servimedia en fuentes del CES, el dictamen contará con la oposición de varios de los integrantes del denominado Grupo III de este órgano, en el que se integran, entre otros, los consumidores y los representantes de la economía social.

Por el contrario, los Grupos I y II, en los que se integran sindicatos y empresarios, votarán previsiblemente a favor del texto, que, por tanto, será aprobado.

Tras este paso, el Gobierno tiene la intención de remitir el anteproyecto al Consejo de Estado, para que también sea dictaminado, y aprobar ya en primavera el proyecto de ley para su remisión al Parlamento.