No obstante, el CES insta al Gobierno a establecer en el texto definitivo algunas reglas básicas que mejoren la participación de los ciudadanos en la ordenación y gestión del suelo.

Asimismo, considera que se deben incluir medidas que reduzcan "los elevadísimos plazos reales en los que se realiza la acción urbanizadora y que simplifiquen los trámites formales y burocráticos".

En este sentido, desde el CES señalan que "tan importante como establecer multas y sanciones por dilación excesiva lo sería promover algún tipo de código de calidad de las propias Administraciones que las comprometiese a una tramitación diligente".

Por otro lado, el CES opina que el anteproyecto debería, dentro del capítulo referido a infraestructuras disponibles y recursos naturales afectados, hacer un mayor hincapié en los aspectos de rehabilitación, recuperación y mejora de los suelos degradados y urbanizados.

Asimismo, considera que el régimen de valoraciones propuesto puede suscitar dudas sobre la concreción, en su posterior desarrollo reglamentario, de los elementos que modulan la determinación del valor de capitalización del suelo calificado como rural a efectos de esta ley.

Por otro lado, el CES señala que convendría reflexionar con más profundidad acerca del efecto que la reserva de edificabilidad para reserva protegida puede tener en la oferta y la demanda de los mercados de suelo y de vivienda, y más concretamente, en la menor oferta a corto plazo de suelo para el accesso a la vivienda en el mercado libre.