TABACO

EL CES ADVIERTE PROBLEMAS CONSTITUCIONALES EN LA NUEVA NORMA Y TACHA DE "IMPRECISAS" LAS SANCIONES QUE PREVE

- Exige que sean trabajadores y empresa quienes fijen si se puede o no fumar en el puesto de trabajo

MADRID
SERVIMEDIA

El Consejo Económico y Social (CES) pidió hoy al Gobierno que siga adelante con la nueva ley antitabaco, pero alertó de que puede chocar con algunos derechos de reconocimiento constitucional, a la vez que tachó de "imprecisas" y "sin criterio" las sanciones que prevé.

El dictamen del CES pide que se elimine la prohibición de fumar en los centros de trabajo y se deje esta opción a la negociación entre empresa y empleados, como ocurre ahora en muchos casos.

El CES aprobó el dictamen con 32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones. Los votos negativos corresponden a los consumidores, uno de los sectores representados en el CES, que han presentado un voto particular en defensa de la prohibición total de fumar en los centros de trabajo, tal y como propone el anteproyecto.

Los miembros de este organismo comparten los objetivos de la lucha contra el tabaquismo y valoran la voluntad del anteproyecto, pero lamentan que "se centre casi exclusivamente en las sanciones y deje de lado los aspectos de prevención y apoyo a las personas con problemas de tabaquismo".

Para el CES, el Gobierno abusa de la "dimensión coercitiva" en su normativa y abandona en parte la línea de la prevención y la educación como pilares de las políticas de salud pública.

INCONSTITUCIONALIDAD

En este sentido, el CES alerta de que la normativa podría chocar con algunos derechos de reconocimiento constitucional, como la libertad de empresa y la negociación colectiva, además de incurrir en problemas de competencias con las comunidades autónomas.

Entiende que no está justificada la prohibición de que los menores de 18 años no puedan trabajar en la venta de tabaco, cuando la edad legal para trabajar está establecida en 16.

El dictamen del CES considera que la nueva normativa fija responsabilidades "inadecuadas", al no aclarar las personas responsables de supuestos incumplimientos de control y vigilancia de la norma cuando esta tarea es "función exclusiva" de las Administraciones Públicas.

Además, considera que el anteproyecto del Gobierno establece sanciones "sin criterio" y con total "imprecisión", dado que no hay graduación ni rango en las posibles multas.

(SERVIMEDIA)
16 Mar 2005
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