Dado que la norma actual permite que la Firma Electrónica pueda utilizarse en relaciones tanto públicas como privadas, salvaguardando siempre el régimen de libre competencia, se ha decidido extender este servicio al ámbito privado (actulmente, este tipo de certificación sólo era posible a personas físicas que se relacionen con las Administraciones Públicas).

Esta medida será completada, por la Real Casa de la Moneda, con la prestación del servicio de tercero de confianza, con servicios de custodia de documentos y notificación segura con no repudio en destino.