Así se expresó García-Diego en una mesa redonda sobre la situación de las personas con discapacidad en materia de empleo en la que participaron también Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, y Rocío Martín, responsable de Recursos Humanos de Alcampo.

“Menos tres senadores (los de Vox) todo el mundo ha apoyado esta reforma”, valoró García-Diego, quien consideró que “la conciencia en la comunidad política en relación con la discapacidad es capaz de aglutinarlo todo”.

Sobre el despido por discapacidad sobrevenida, defendió que “es un elemento que depende de la persona, no de la discapacidad” por lo que “puede elegir si puede seguir trabajando o no”.

Por ello, aclaró que se trata de una decisión voluntaria porque la normativa no obliga a seguir trabajando si la persona no quiere. “No es un elemento de riesgo”, sostuvo, antes de destacar que puede favorecer la retención de talento.

En la misma línea, Lobato destacó que se trata de "uno de los cambios fundamentales que había que abordar en relación con el empleo de las personas con discapacidad” y recordó que el 60% de los casos se producen de forma sobrevenida. “nos puede pasar a cualquiera”, añadió.

Además, apuntó que dicha medida ofrece "una oportunidad de intervenir lo antes posible” ya que hasta ahora hacía falta esperar a que concluyera el proceso de baja laboral a incapacidad, que suele prolongarse.

Asimismo, incidió en la importancia de la colaboración de las empresas y las entidades sociales para apoyar esos procesos para que las personas con discapacidad sobrevenida puedan seguir trabajando en sus compañías ante la posibilidad de que surjan dudas e incertidumbres.

Por su parte, Martín coincidió en que “es un paso positivo” ya que acaba con una situación que para las empresas era como “un limbo”. “Podemos hacer un esfuerzo por integrarla si la persona voluntariamente quiere”, destacó la responsable de Alcampo, quien ve claro que “si es un buen profesional puede pasar a otros departamentos”.

Por otro lado, García-Diego se refirió también a la reforma de la Ley de la Economía Social y destacó que se trata de un proyecto de ley consensuado con las organizaciones sociales de la discapacidad por lo que pidió que se mantenga como está durante su tramitación parlamentaria.

“Van a estropear el texto si se aceptan enmiendas”, advirtió, antes de asegurar que las modificaciones “no ponen en riesgo a ningún trabajador” de los centros especiales de empleo.