Según fuentes del CERMI, este anteproyecto "responde a un demanda histórica de las familias con hijos o familiares de personas con una discapacidad severa, que no pueden representarse a sí mismos y que son especialmente vulnerables y necesitan una especial protección".

"Es importante", señalaron las mismas fuentes, "que el Ejecutivo haya regulado por ley el patrimonio de los discapacitados gravemente afectados, ya que la nueva norma afecta tanto a la lesgilación civil como a la fiscal".

El CERMI considera que "la aprobación de esta norma no significa, n ningun caso, que los poderes públicos y las administraciones tengan que renunciar, sino todo lo contrario, a crear sistemas públicos de atención a las personas con discapacidad severa".

Por último, el sector de la discapacidad afirma que debe reforzarse toda la atención a los grandes discapacitados, pero añade que "todas estas nuevas fórmulas son muy bienvenidas porque benefician a las familias que podrán constituir patrimonios para ayudar a los discapacitados severos en un futuro".