Al acto asistieron entre otras personalidades el presidente del CERMI-CV, Carlos Laguna, el secretario general de CC.OO.-PV, Joan Sifre Martínez, y el secretario general de UGG-PV Rafale Recuenco Montero.

La firma de este protocolo supone el apoyo del sector sindical de la Comunidad Valenciana al colectivo de la discapacidad. En la actualidad, según palabras de Carlos Laguna, se estima que existen unas 118.000 personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana en edad laboral, de las que un porcentje del 70% se encuentra desempleada.

El convenio es el comienzo de una línea de actuación conjunta entre los sindicatos y el colectivo de discapacitados para luchar por la integración máxima de las personas con discapacidad.

Con respecto al trabajo conjunto, el acuerdo recoge una serie de medidas: como la coordinación y el apoyo en las acciones ante las administraciones públicas y privadas, la promoción de las acciones formativas, la sensibilización del sindicato sobre la integración laboral del olectivo y la difusión a las personas con discapacidad de la información sindical.

Asimismo, prevé también la intención de reducir al máximo el índice de desempleo, el seguimiento de cupo de reserva de empleo para las personas con discapacidad, la especial atención de las medidas que favorezcan la integración de la mujer con discapacidad (doblemente discriminada), la eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación de las empresas y la Administración y promover la igualdad d condiciones en el acceso al empleo público mediante el seguimiento de la reserva legal del 5 % de las plazas.

Para lograr todos estos fines se propone la creación de una comisión paritaria, en el ámbito de la Comunidad Valenciana y otra para cada una de las tres provincias, que se reunirá cada tres meses para concretar las medidas y establecer las pautas con las que se llevarán a cabo. Esta comisión se podrá reunir también extraordinariamente siempre que se considere oportuno.

El acuerdo alcanzao por el protocolo se renovará automáticamente y sucesivamente cada dos años, pudiendo ser rescindido de modo tripartito o mediante la escisión unilateral de alguna de las partes.

Con este protocolo se pretende mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad, en este caso, fomentando su integración social y laboral y supone un importante paso adelante en este sentido. Además supone el inicio de una colaboración entre el sector sindical y el de la discapacidad.