El Cermi defiende esta petición ante la votación mañana martes, del informe del Comité de Empleo y Asuntos Sociales sobre el FSE+ en el Parlamento Europeo, un momento clave para decidir el futuro de la financiación social en la Unión Europea.

Por eso, instó a los eurodiputados a respaldar "una estrategia presupuestaria ambiciosa que refuerce los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión".

Advirtió que, "en un momento en el que la Unión Europea debate el próximo marco presupuestario a largo plazo, existe un grave riesgo de recortes en inversiones sociales fundamentales o la fusión de mecanismos de financiación que debilitarían la lucha contra la pobreza y la exclusión".

Con 94,6 millones de personas en riesgo de pobreza en Europa, Cermi exigió contar con "un FSE+ sólido para garantizar empleo, formación, inclusión y cohesión social". "Europa no puede permitirse retroceder en derechos sociales". En su opinión, resulta "imprescindible que el Fondo Social Europeo cuente con recursos adecuados, no quede diluido en otras partidas y priorice la inclusión de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables".

"Un presupuesto social ambicioso es clave para reducir desigualdades, generar oportunidades laborales, impulsar la formación y reforzar los sistemas de protección social, contribuyendo así a una Europa más competitiva y cohesionada", defendió.

En la declaración conjunta, las organizaciones firmantes instaron a las instituciones europeas a "garantizar un FSE+ independiente y con un presupuesto reforzado", y reclamaron que se mantengan fondos "específicamente destinados al empleo, la formación y la inclusión social". Además, el Cermi demandó que "el diseño y gestión de estos fondos se realice en estrecha cooperación con las organizaciones sociales y las autoridades locales, asegurando que respondan a las necesidades reales de las personas y las comunidades".

"También resulta imprescindible que las inversiones sociales se orienten a la creación de empleo de calidad y la protección de los derechos sociales, garantizando el acceso a recursos y servicios esenciales para los colectivos más vulnerables", concluyó.