Esta es la principal reivindicación plasmada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en las propuestas de enmiendas al citado proyecto de ley que ha elevado a los grupos parlamentarios del Senado.

"El órgano consultivo creado por la ley (la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida) debe estar formado no sólo por representantes gubernamentales, profesionales biomédicos y científicos, sino también por agentes sociales cualificados y con intereses objetivos en estas técnicas, como son las entidades asociativas de representación de la discapacidad, así como profesionales del ámbito de la ética", argumenta el CERMI.

La plataforma que aglutina al sector español de la discapacidad justifica su demanda en lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, aprobada en diciembre del año 2003.

Igualmente, exige que no se autorice la apertura de centros o servicios sanitarios en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida si no está garantizada la accesibilidad de las personas con discapacidad a dichos centros.