En esta línea, reclamó una serie de ajustes procesales para que los procesos judiciales resulten accesibles a las personas con discapacidad, que pasan por mejorar la formación de todos los agentes que intervienen, ofrecer apoyos individualizados, tener en cuenta la opinión de las personas con discapacidad y avanzar en todo lo que tiene que ver con sistemas de comunicación aumentativa y alternativa.

Así lo apuntó el Cermi en su contribución a la consulta pública relativa al Proyecto de Recomendación sobre Acceso a la Justicia y Sistemas de Justicia Centrados en las Personas, impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta iniciativa se conoce a través del Foro de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, un espacio de colaboración entre los sectores público y privado, en la que el Cermi participa.

Según esta entidad, “el ámbito legal ha dado históricamente la espalda a las personas con discapacidad y sus necesidades han sido sistemáticamente desatendidas”, pero “gracias a la acción proactiva y de incidencia del movimiento social de la discapacidad se han logrado reformas hacia la igualdad, sin restricciones ni sustituciones”.

Con todo, indicó que “todavía queda un largo camino por recorrer para lograr la plena igualdad de acceso a la Justicia tal como se consagra en el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

A su juicio, “justicia real y efectiva para las personas con discapacidad significa que estas pueden obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin quedar indefensas en ningún caso”.

“Sin embargo, la realidad muestra cómo se sigue negando el acceso a la justicia a miles de personas con discapacidad”, denunció, “especialmente mujeres, quienes enfrentan todo tipo de obstáculos a la hora de hacer valer sus derechos en los tribunales”.

DEMANDAS

El acceso a la justicia es una herramienta insustituible que los ciudadanos tienen a su disposición para evitar que las violaciones a sus derechos e intereses legítimos queden en la impunidad, defendió Cermi, que ha elaborado un listado de ajustes procesales que al menos deberían incorporarse al ámbito legal para que este sea realmente inclusivo y plenamente accesible.

En relación con el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad y los retos que supone la transformación digital, pidió concebir la inclusión centrada en las necesidades específicas de cada persona, porque “respetar y garantizar los criterios de accesibilidad y diseño universales, a través de una consideración general y transversal, nunca debe implicar dejar de lado el apoyo individualizado que una persona con discapacidad pueda necesitar para el ejercicio de sus derechos”.

Para el Cermi, ninguna mejora del sistema de justicia es posible sin la participación, experiencia y opinión de las personas con discapacidad. Todo sistema de justicia centrado en la persona debe estar dotado de garantías contra la discriminación, el empoderamiento y la vida independiente de las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos humanos.

Lamentó que “todavía es notable la falta de formación de los operadores de justicia que actúan en cuanto a las diferentes formas de comunicarse o expresarse de las personas con discapacidad”, y advirtió de que “quedan muchos esfuerzos pendientes desde la Administración de Justicia para hacer accesibles los actos procesales”.

Subrayó la importancia de “todas aquellas acciones para aportar conocimiento que acerque a las personas con discapacidad al ejercicio de sus derechos en la era digital” y puso en valor la labor formativa que realizan especialistas y profesionales. del movimiento asociativo de la discapacidad.

En su opinión, “la transformación digital debe llevarse a cabo sin descartar a nadie, por lo que debe convertirse en un cauce para la toma de conciencia de toda la sociedad sobre la realidad de las personas con discapacidad y su aportación como diversidad enriquecedora”.