El comité de la discapacidad, que incluye esta propuesta en un documento que ha remitido a los grupos parlamentarios y al que ha tenido acceso Servimedia, señala que esta modificación estaría orientada a establecer los mecanismos de acceso a la regularización cuando se precisa atención social y comunitaria.

Según el documento del Cermi, "la población inmigrante tiene una posición de clara desventaja y de discriminación jurídica con respecto al resto de ciudadanos", hecho que se agudiza por tener una discapacidad. En este sentido, asegura que estas personas "no pueden acceder a los recursos de atención necesarios, a menos que sean prestados asistencialmente por entidades no lucrativas".

La plataforma de la discapacidad pide también que se garantice la accesibilidad en el proceso de presentación de la solicitud, así como en los trámites que se efectúen en frontera y en las notificaciones.

En este sentido, el Cermi pide que se tengan en cuenta las necesidades de accesibilidad específicas de las personas nacionales no comunitarias y apátridas con discapacidad, incluyendo la utilización de lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral.

En su opinión, la situación de especial vulnerabilidad de los solicitantes de asilo hace necesario mencionar y recoger expresamente en el texto el derecho de accesibilidad y de acceso a la información que les permitirá ejercer el derecho de asilo regulado en la ley.