En un comunicado, el Cermi les pide que “abandonen cualquier otra pretensión para la que no existe la madurez ni el consenso mínimo y que puede frustrar la legítima demanda del sector de la discapacidad de que la Carta Magna sea respetuosa y promueva y proteja los derechos de este grupo social, en situación todavía de vulnerabilidad democrática estructural”.

Lo hace tras conocerse que algunos partidos quieren aprovechar la reforma de la Constitución en curso para eliminar del artículo 49 el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad" para introducir otras modificaciones en la Constitución.

Ciudadanos, PNV y Junts han presentado propuestas para reformar la Constitución. La formación vasca propone, entre otras modificaciones, que se reconozca el derecho a la autodeterminación de "las naciones" y “la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco”. Además, quiere limitar la inviolabilidad del Rey.

Por su parte, Ciudadanos propone una revisión más amplia de la Constitución y que se quiten a las comunidades autónomas las competencias que tienen en sanidad y educación y para ello ha registrado una enmienda para modificar el artículo 149. También quiere que haya una única circunscripción electoral nacional, aplicando un modelo similar al de los comicios europeos.

Las de Junts persiguen que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado salgan de él, así como otros cambios que afectan al ámbito de la justicia.

Para el Cermi, plantear otras cuestiones “que nada tienen que ver con las personas con discapacidad al hilo de esta reforma, que el movimiento cívico lleva defendiendo durante casi dos décadas, pone en riesgo un objetivo social plenamente justificado que cuenta con un amplio respaldo social y político, retirar del texto constitucional la expresión hiriente “disminuido” y sustituirla por la de “personas con discapacidad”, así como reformular el artículo en clave del nuevo paradigma de derechos humanos de entender esta realidad exigido por la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad”.

Por ello, exigió “respeto para un debate y procedimiento de reforma que desde el inicio está centrado solamente en las personas con discapacidad; es nuestro momento, el de la discapacidad, y no puede ni debe mezclarse oportunistamente con otros debates que no hacen al caso y que son una amenaza para que esta primera reforma social de la Constitución culmine definitivamente, tras tantos años de espera”.

El movimiento social de la discapacidad apela a la responsabilidad histórica de los grupos políticos del Parlamento para centrar sus esfuerzos únicamente en llegar a un amplio acuerdo para modificar el artículo 49, “a fin de saldar constitucionalmente una deuda con más del 10 por ciento de la población española, que se eleva al 20 por ciento, si se cuenta con sus familias, que no deben sufrir el castigo añadido de ver arruinado este anhelo democrático que ha surgido, se ha mantenido y se conseguirá gracias al impulso de este sector cívico”.