Dicha Ley obligaba al Gobierno a desarrollar reglamentariamente antes de 2005 unas condiciones que garantizaran la participación política y el derecho de sufragio por parte de las personas con discapacidad sin discriminaciones ni restricciones.

Trascurrido el plazo legal, no se han aprobado estas condiciones básicas que garanticen un ejercicio normalizado de los derechos políticos de estas personas, por lo que el Cermi exige su pronta regulación.

En la Legislatura 2004-2008, se avanzó en la accesibilidad electoral de personas ciegas, con la aprobación del sistema de voto braille accesible, pero aún quedan aspectos muy importantes pendientes de regulación por parte del Gobierno.

Las leyes españolas y la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en España desde mayo pasado, obligan a los poderes públicos a garantizar la participación política y la accesibilidad de los procesos electorales sin discriminaciones por causa de discapacidad.