Tras estudiar la propuesta de directiva lanzada por la Comisión Europea el pasado mes de septiembre, el Cermi, después de un proceso participativo interno, elaboró un amplio documento con todas las sugerencias de mejora y perfeccionamiento que entiende deben incorporarse en fase parlamentaria para “robustecer” esta regulación europea.

El Cermi plantea, entre otras, cuestiones como la extensión de cobertura a todas las personas con discapacidad que residan en la Unión Europea, con independencia de que sus países de procedencia dispongan de sistemas de reconocimiento y certificación oficial de la discapacidad; la inclusión de los servicios y las prestaciones sociales y de seguridad social entre las materias objeto de la directiva, que han de asegurarse a las personas con discapacidad desplazadas, o la prohibición de que los Estados puedan imponer ningún tipo de precio o tasa a la persona con discapacidad titular por la emisión o renovación de estas tarjetas, ya que estas deben ser siempre gratuitas.

Asimismo, para ofrecer protección a las mujeres y niñas con discapacidad, el Cermi pide también que la directiva cite expresamente como ámbito material vinculante los recursos, servicios, apoyos y prestaciones existentes en cada país para la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

En su estrategia de incidencia, el Cermi está manteniendo encuentros con los europarlamentarios españoles para trasladarle la posición de la discapacidad organizada y pedir que asuman y presenten estas propuestas de mejora en el trámite legislativo que ahora se inicia por la Cámara europea.