"La convención puede ser un instrumento inútil si no hay una apuesta política, social y jurídica para el cumplimiento de lo manifestado en ella", afirmó en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja Ana Sastre, delegada del Cermi para la citada convención de la ONU.

Y es que, continuó Sastre, la Constitución Española carece de medidas concretas en virtud de las que se garantice el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad.

Esta representante del Cermi subrayó que "no será aceptable" ninguna medida "que contenga un tratamiento menos favorable para una persona cuando esté fundamentado en su discapacidad", como ocurre con la esterilización no voluntaria de los ciudadanos con discapacidad psíquica o con la aceptación legal del aborto para evitar el nacimiento de un niño con discapacidad.

Se trata, prosiguió, de abordar la discapacidad de una forma transversal, es decir, desde todas las políticas públicas y no sólo desde el ámbito de los servicios sociales, como se hace, por lo general, en la actualidad.

A este respecto, la diputada socialista Margarita Pérez señaló que la adaptación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al ordenamiento jurídico español se hará "lo más rápido posible", porque se trata de una "herramienta fundamental" para abordar de una forma transversal la discapacidad.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario PopularInmaculada Bañuls manifestó su "preocupación" por el grado de conocimiento que tienen los ciudadanos españoles de la Convención de la ONU sobre la Discapacidad, algo en lo que coincidió la representante del Cermi, que apostó por mejorar este conocimiento del texto europeo.