Con esta propuesta, presentada por el Cermi ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, "se daría solución a la situación paradójica que se produce con la incapacitación judicial", señala el comité.

El Cermi explica que a la hora de incapacitar a determinadas personas afectadas por una enfermedad mental grave, la Seguridad Social les pide, para este reconocimiento, una declaración del grado de discapacidad a través de un procedimiento diferente y ante órganos distintos a los que deben examinar su posible incapacitación, con las consiguientes molestias e indeterminación en cuanto a la coincidencia del resultado final.

Dado el rigor de la declaración judicial de incapacidad y la seriedad de sus efectos en todas las esferas de la vida, "parece razonable que, una vez efectuada, no haya que acudir a un nuevo expediente para ratificar una situación que ya ha sido declarada y que presupone un importante grado de discapacidad", sostiene este comité.

"Esto ya sucede, por ejemplo, en el ámbito fiscal, en el que la disposición adicional duodécima de la Ley 55/1998, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, equipara a efectos de la normativa tributaria la incapacitación judicial con un grado de discapacidad igual o superior al 65%", asegura el Cermi.

A juicio de este comité, la próxima tramitación del proyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ahora en fase de anteproyecto, que contiene diversas materias de Seguridad Social, podría ser el cauce normativo adecuado para introducir esta modificación.