Así se recoge en el documento de aportaciones de Cermi a la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2025-2030, abierta a consulta pública en estos momentos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según el Cermi, las personas con discapacidad son "consumidores más intensos de suministros energéticos que la media de la población", debido a motivos asociados a su discapacidad. Por ello, argumenta, "su exposición a la pobreza energética es mayor".

"También son personas con menor capacidad adquisitiva", de modo que "el consumo energético comporta un sobreesfuerzo de gasto para ellas que debe ser compensado con medidas oficiales en el marco de las estrategias contra la pobreza en este ámbito".

Por estos motivos, el Cermi defiende que las personas con discapacidad y sus familias "gocen de oficio de acceso prioritario a los distintos bonos sociales energéticos".