Con vistas a la evaluación y revisión de la ley que hay que realizar en 2010, el Cermi propondrá una modificación normativa para declarar con competencia en esta materia a la jurisdicción social, más rápida, ágil y barata que la contencioso- administrativa, ahora la única competente, explica el Cermi en un comunicado.

"Ante la enorme litigiosidad que se prevé, por disconformidad de los beneficiarios con los distintos actos que dictan las administraciones autonómicas en desarrollo y aplicación de la ley a cada caso concreto, hay que optar por la jurisdicción que tenga más capacidad de resolución, con mayor rapidez y con menos coste para las personas y familias. Se trata con ello de favorecer la tutela efectiva del derecho subjetivo que la ley crea", añade.

El Cermi considera que "hay antecedentes que avalan esta solución. Por ejemplo, los recursos contra las declaraciones del grado de discapacidad que realizan las comunidades autónomas son conocidos por los jueces de lo social y no por los de lo contencioso, por lo que la propuesta es perfectamente viable".