Según el CERMI, algunas oficinas de empleo (Galicia, por ejemplo) no están aplicando la asimilación a la condición de minusválido de los desempleados y trabajadores que tienenreconocida una pensión de invalidez permanente.

Ante esta situación, las oficinas de empleo no facilitan a las empresas los beneficios a los que tienen derecho por contratar trabajadores discapacitados, lo que perjudica la inserción laboral de estas personas.

El artículo 1.2 de la Ley 51/2003 establece la asimilación de los pensionistas de la Seguridad Social y de clases pasivas por invalidez permanente total, absoluta o gran invalidez a la situación de minusvalía en grado igual o superior al 33%

Esta norma, según el CERMI, obliga a todas las administraciones públicas, y la asimilación otorga todos los beneficios que ostentan las personas con discapacidad. Por tanto, piden al Inem que se aplique la normativa.