El Imserso, explica el Cermi, "sigue siendo titular y gestionando centros estatales de atención directa a personas con discapacidad, de tipo residencial, surgidos en los años 70 y 80 del siglo pasado, que responden a modelos de institucionalización cerrada hoy claramente superados y contrarios a los mandatos internacionales y nacionales de derechos humanos que nos vinculan como país".

"Estos centros, situados en distintas comunidades autónomas, deben ser repensados y transformados no solo por cuestiones de modelo, sino también de competencias, dado que la atención directa es un servicio social que tienen atribuido las comunidades autónomas", añade.

En opinión del Cermi, "esta transición de modos de vida institucionalizada a inclusión en la comunidad debe llevarse a cabo ofreciendo a cada persona con discapacidad residente el poder de decisión de cómo desea vivir y proporcionándole los apoyos reales que precise para que el proceso sea exitoso (vivienda inclusiva, asistencia personal, prestaciones públicas suficientes, etc.)".

Por último el comité que representa a las personas con discapacidad en España concluye que "esta estrategia de desinstitucionalización ha de ser realizada necesariamente en concurso con las Comunidades Autónomas concernidas, que son las competentes en materia de servicios sociales, y con diálogo con el sector social de la discapacidad para que se pongan en práctica las mejores soluciones para cada persona, y que en ningún caso se produzca desprotección o pérdida de apoyos".