En un comunicado, el CERMI informa que tras la ronda de comparecencias ante la citada comisión parlamentaria por parte de expertos y representantes de distintas instancias y sectores, el movimiento asociativo de la discapacidad se reitera en la procedencia y oportunidad de la modificación legal propuesta.

Para los discapacitados, la nueva norma reforzará la protección de los derechos de las personas con enfermedad mental, que objetivamente pueden ser objeto del tipo de actuaciones que contiene la proposición de ley.

A juicio de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, los beneficios de la modificación legal propuesta son significativos, ya que entre otras medidas garantiza que el tratamiento involuntario goce de las máximas garantías al incidir o poder incidir en determinados derechos fundamentales.

Además, ofrece un instrumento más en manos de los profesionales sanitarios, con los medios que tienen a su alcance y que por afectar a derechos fundamentales deberá ser supervisado y autorizado por un juez.