Para el CERMI, es urgente el logro de un acuerdo interinstitucional y social que acelere el despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Agregó que este gran acuerdo debería alejar esta materia del debate político partidista y garantizar su sostenibilidad financiera a medio y largo plazo, introduciendo la cuestión en los acuerdos más amplios de financiación autonómica para el futuro, que se están gestando en estos momentos.

En una intervención en Curso Experto en Dependencia de la Universidad de Granada, el presidente del CERMI ha desgranado las grandes líneas por donde debería ir el proceso de revisión de la Ley.

Así, para que el Sistema creado sea verdaderamente eficiente y equitativo, e incluso para que sea una realidad perceptible en todo el territorio nacional con unas características y a un ritmo análogos, es preciso reforzar el título habilitante del Estado para regular esta materia. Como muchas voces apuntaron, el derecho a la autonomía personal debería conectarse con las competencias del Estado en materia de Seguridad Social.

De igual modo, la Ley y el Sistema deben reequilibrase hacia la autonomía personal y la vida independiente. La visión de la dependencia pasiva es todavía acusada en la concepción y en las concreciones legales.

Hay que enriquecer sustantivamente el bloque de la autonomía personal regulando como auténticas prestaciones del Sistema, con el carácter de derecho, la accesibilidad del entorno y los apoyos personales a través de los productos de apoyo y las tecnologías asistivas.

En este mismo sentido, hay que configurar con mucha más ambición y nitidez los servicios conexos con la promoción de la autonomía personal, entre ellos, el del asistente personal, que hay que regular de forma mucho menos restrictiva. Han de estimarse de modo mucho más efectivo, a la hora de valorar las situaciones que dan lugar al derecho, las necesidades de apoyo para la autonomía personal.

Para el CERMI, ahora mismo prepondera la visión pasiva de las situaciones de dependencia. Debe fortalecerse el principio de elección de las personas (y de las familias) usuarias, suprimiendo los intervencionismos públicos y técnicos que no sean absolutamente precisos. La libertad de opción ha de ser la piedra angular del Sistema. Se ha de llegar al estadio en que cada persona configure, según su propia decisión o hasta el límite que materialmente sea posible, su propia red de apoyos.

La elección en cuanto al lugar de atención o el tipo de prestación idóneos debe residenciarse en la persona usuaria. Una vez salvada la viabilidad y la sostenibilidad del Sistema, que al principio ha podido hacer necesaria la contribución económica de la persona usuarias, debe avanzarse con convicción en la universalidad y gratuidad del servicio, o al menos de una un nivel de atención y prestaciones garantizados.

La Ley, en su revisión, ha de ampliar el papel del sector no lucrativo en la gestión del Sistema y debe dar una mayor participación a las personas usuarias, haciéndolas codecisoras a través de sus organizaciones representativas.

Para el CERMI, éstas son algunas propuestas de mejora, en el horizonte del 2010, para en derecho en marcha que como la sociedad a la que desea dar respuesta y acomodarse ha de ser flexible, dinámico y creciente.