Según el CERMI, dicha medida, de aplicación sólo a las situaciones de hecho que se den a partir de enero de 2004, sin carácter retroactivo, ha causado alarma e inquietud en miles de familias que tienen hijos gravemente afectados por alguna discapacidad, que consideran que esta modificación legal limita las ayudas sociales, siempre escasas, que reciben as familias en esta situación.

El CERMI recuerda en un comunicado difundido hoy que se opuso reiterada y permanentemente a esta reforma legal en la fase de tramitación parlamentaria de esta iniciativa legislativa.

"Para atajar la inquietud creada y devolver la serenidad al sector de la discapacidad y a las familias afectadas, el CERMI solicita al Gobierno que adopte con urgencia las medidas necesarias para dejar sin efecto la incompatibilidad denunciada, asumiendo el compromiso de resolver la cuetión en el menor tiempo posible", señala la nota.

Asimismo, pide a todos los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones generales del mes de marzo que incluyan en su programa la modificación inmediata de la legislación para restablecer la compatibilidad entre ambas prestaciones y se evite el perjuicio y el quebranto creado por la normativa vigente.

Entre tanto se pone en práctica la solución definitiva, el CERMI solicita al Gobierno que dé instrucciones para que se produzca una moatoria de facto en la aplicación de la incompatibilidad, de modo que ninguna persona con discapacidad ni familia se vea perjudicada en su actual grado de protección social.

El CERMI confía en la disposición favorable de las autoridades y poderes públicos para resolver de modo inmediato y de la mejor manera, un problema que amenaza a las personas con discapacidad grave en su seguridad y bienestar económico.

El CERMI mantiene contactos con el Gobierno para buscar una solución satisfactoria a un conlicto "que perturba profundamente a las personas y familias que con esta medida verían lesionadas sus expectativas de protección social".