El núcleo de la regulación actual data de la década de 1990, con algunas modificaciones menores operadas en la primera década de este siglo, lo que, según apuntó el Cermi este sábado, prueba que este régimen legal necesita “una urgente actualización” para acomodarlo a los mandatos del nuevo artículo 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad De Naciones Unidas.

La nueva regulación que pide el Cermi pasaría como gran cuestión por dotar a estas pensiones de una suficiencia mínima para hacer frente a las necesidades básicas de las personas que las reciben, lo que significaría elevarlas al 75% de la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento.

Además, el Cermi apunta que para el cálculo de la capacidad económica de la persona se tendrían en consideración solo sus ingresos personales, no los de la unidad de convivencia como hasta ahora, lo que, a juicio de esta entidad, “restringe el acceso a estas pensiones e ignora el mandato de autonomía personal que debe referirse solo a la persona con discapacidad no a su entorno”.

Otro aspecto de la nueva regulación debería ser la acogida del principio de compatibilidad entre trabajo y pensión superando la visión actual de casi imposibilidad de recibir la pensión y de desarrollar un trabajo lucrativo.

Finalmente, el Cermi plantea que puedan aspirar a ser perceptores de esta pensión las personas con discapacidad que, sin llegar al 65% de grado, tengan establecidas judicialmente medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.