Indicó que “en el Cermi son múltiples las quejas y denuncias que llegan de personas con discapacidad y de sus familias por la imposibilidad o extrema dificultad en ser atendidas por la Seguridad Social, tanto en la búsqueda de información y orientación como en la realización de gestiones necesarias para la percepción y abono de prestaciones”.

“Imposición sin base legal alguna de atención telemática, negando la presencial, cuando por la tipología de las personas beneficiarias esta es la preferida y más demandada; a pesar de imponer la atención telemática, dilación de meses en la asignación de cita, que lleva a retrasos intolerables en gestiones absolutamente imperiosas para acceder a las prestaciones del sistema, con riesgo de pérdida o demoras inasumibles; sentimiento de abandono como administrados, por la ausencia completa de respuesta a las solicitudes y peticiones, son algunas de las quejas más reiteradas de las personas con discapacidad y sus familias en relación con la Seguridad Social, administración que históricamente había venido funcionando con un aceptable nivel de diligencia y rapidez”, añadió.

El Cermi, en virtud del derecho de petición que consagra la Constitución Española, demanda al Congreso que despliegue las iniciativas que sean precisas, legislativas y de control al Gobierno, “a fin de poner coto a este caos y para robustecer con la dotación adecuada de empleados públicos, un sistema absolutamente necesario para el bienestar social de la ciudadanía”.