Según el Cermi, este año es de especial relevancia, ya que ha entrado en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sitúa "con rotundidad y de modo irreversible a los hombres y mujeres con discapacidad y a sus familias en la dimensión de los derechos humanos".

El comité aboga por la revisión de todos los aspectos de la legislación española que contradigan lo establecido en la Convención. Además, expresa su rechazo a cualquier propuesta de legislación europea que se redacte en contradicción con este tratado internacional.

Según el Cermi, la Convención se convierte en una herramienta indispensable para alcanzar la justicia y dignidad para todas las personas. En este sentido, valora que se esté formalizando el reconocimiento del comité como el organismo independiente, representativo de la sociedad civil, dedicado a promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención en España.

POLÍTICAS INCLUSIVAS

Como expresa en su manifiesto, el Cermi confía en que la Convención sirva para que los responsables políticos tomen las medidas pertinentes para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las niñas y mujeres con discapacidad, que en España alcanzan el 60% de todas las personas con discapacidad, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, hace un llamamiento a las autoridades, a las organizaciones y a la sociedad en general para que, desde sus responsabilidades, hagan suya esta Convención, la difundan y se adhieran a sus principios y valores.

Además, ante la actual crisis mundial, el sector de la discapacidad reclama que las soluciones globales tengan muy en cuenta las políticas inclusivas, que "son palanca de relanzamiento del desarrollo social y la reactivación económica".

Finalmente, el manifiesto del Cermi indica que es momento de renovar el compromiso con los principios de justicia y dignidad para todos los hombres y mujeres con discapacidad, y proclamar que las personas con discapacidad son titulares de derechos vinculantes, exigibles y universales y, por ello, deben ser tomadas en consideración a la hora de adoptar decisiones importantes.