Para el Cermi, este año es de "especial relevancia", ya que ha entrado en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sitúa "con rotundidad y de modo irreversible a los hombres y mujeres con discapacidad y a sus familias en la dimensión de los derechos humanos".

El Comité de la discapacidad aboga por la revisión de todos los aspectos de la legislación española que contradigan lo establecido en la Convención. Además, mostrará su rechazo a cualquier propuesta de legislación europea que se redacte en clara contradicción con este Tratado Internacional en vigor, según expresa su manifiesto.

La Convención se convierte en una herramienta indispensable para alcanzar la justicia y dignidad para todas las personas. En este sentido, el Cermi valora muy positivamente que se esté formalizando su reconocimiento como el organismo independiente, representativo de la sociedad civil, dedicado a promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención en España.

Como expresa su manifiesto, el Cermi confía en que la Convención sirva para que los responsables políticos tomen las medidas pertinentes para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de las niñas y mujeres con discapacidad, que en España alcanzan el 60% de todas las personas con discapacidad, según las últimas del Instituto Nacional de Estadística.

Además, el Cermi hace un llamamiento a las autoridades, a las organizaciones y a la sociedad en general para que, desde sus responsabilidades, hagan suya esta Convención, la difundan y se adhieran a sus principios y valores.

Ante la actual crisis mundial, el sector de la discapacidad reclama que las soluciones globales tengan muy en cuenta las políticas inclusivas, que "son palanca de relanzamiento del desarrollo social y la reactivación económica", según el Cermi.

Finalmente, el manifiesto del Cermi recuerda que es momento de renovar el compromiso por los principios de justicia y dignidad para todos los hombres y mujeres con discapacidad, y proclamar que las personas con discapacidad son titulares de derechos vinculantes, exigibles y universales y, por ello, deben ser tomados en consideración a la hora de tomas decisiones importantes.