En la carta del CERMI al Defensor del Pueblo, el Comiteseñala que una vez transcurridos más de 10 meses desde la entrada en vigor de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, "son escasas las campañas que han asumido las previsones legales de accesibilidad favorable a las personas con discapacidad".

El CERMI entiende que situaciones como ésta suponen un retroceso en el avance de los derechos y libertades de las personas con discapacidad reconocidos en la Constitución.

La citada norma legal, en su artículo 5, dedicado a la accesibilidad a las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, establece que "se procurará el más completo acceso a la información a las personas con cualquier tipo de discapacidad", mandato que el legislador dirige a la Administración General del Estado y a sus autoridades para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a estas actividades.

En este punto, podría decirse que la ley no ha tenido traducción práctica y los derechos de acceso a la información de las personas con discapacidad siguen estando desprotegidos.

Campañas difundidas estos meses como las de la Dirección General de Tráfico, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Fomento, etc., siguen careciendo absolutamente de medidas de accesibilidad, a pesar del mandato legal.

Sólo los ministerios y organismos que antes de la aprobación de la ley venían adoptando, por propia iniciativa, medidas de accesibilidad, como el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio del Interior (para las campañas relacionadas con los procesos electorales) o la Agencia Tributaria, mantienen esta conducta, de donde se deduce que la Ley 29/2005 no está teniendo efectividad en lo relativo a la protección de las personas con discapacidad.