Este acuerdo, con una vigencia de cuatro años, establece un marco de cooperación entre ambas entidades para desarrollar iniciativas conjuntas en diversas áreas prioritarias.

Entre ellas, se promoverá la generación de conocimiento mediante el desarrollo de estudios e informes que permitan analizar y mejorar el marco normativo y las políticas públicas relacionadas con la discapacidad.

Asimismo, se fomentará la divulgación y toma de conciencia a través de acciones formativas, publicaciones y campañas que impulsen el conocimiento y la correcta aplicación de la normativa en esta materia.

Otra de las áreas clave será el asesoramiento especializado, proporcionando apoyo técnico y jurídico en la interpretación y aplicación de normativas que afectan a las personas con discapacidad. También se trabajará en la promoción de derechos, impulsando iniciativas legislativas y políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y ejercicio de estos derechos.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Finalmente, se pondrá especial énfasis en la capacitación profesional, diseñando y desarrollando programas formativos dirigidos a distintos ámbitos profesionales con el objetivo de mejorar su preparación en esta materia.

Desde ambas entidades se destacó la importancia de este convenio para avanzar en la consolidación de un marco legal y normativo que garantice la plena igualdad de las personas con discapacidad, así como para fortalecer el conocimiento y la aplicación efectiva del Derecho de la Discapacidad en todos los ámbitos.

Con esta alianza, ambas entidades reforzarán su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, intensificando su acción en la generación de conocimiento valioso, la toma de conciencia y la mejora del marco jurídico y normativo que garantice su plena inclusión en la sociedad.