La citada norma legal, en su artículo 5, dedicado a la accesibilidad de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, establece el derecho de "acceso a la información de las personas con cualquier tipo de discapacidad".

Según el Cermi, pasados más seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, la situación de inaccesibilidad de las campañas institucionales de publicidad y comunicación persiste, siendo muy escasas las campañas que han asumido las previsiones legales en favor de las personas con discapacidad.

"La ley no ha tenido traducción práctica y los derechos de acceso a la información de las personas con discapacidad siguen estando desprotegidos", afirma la organización.

Campañas difundidas estos meses, como las de la Dirección General de Tráfico, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Fomento, etc., siguen careciendo de medidas de accesibilidad, a pesar del mandato legal.

Sólo los ministerios y organismos que antes de la aprobación de ley venían adoptando, por propia iniciativa, medidas de accesibilidad, como el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio del Interior (para las campañas relacionadas con los procesos electorales) o la Agencia Tributaria, mantienen esta conducta, de lo que el Cermi deduce que la ley no está teniendo efectividad en lo relativo a la protección de las personas con discapacidad.

Ante esta situación, el comité pide al Gobierno que impulse la adopción de la medidas necesarias para que desde este momento todas las campañas institucionales del ámbito de la Administración General del Estado incorporen de oficio previsiones de accesibilidad, entendiendo como tales la subtitulación, la emisión en lengua de signos y la audiodescripción.