Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la brecha salarial y la precariedad laboral "continúan siendo barreras estructurales que agravan la desigualdad", informó Cermi. Los datos reflejan que, en 2022, la brecha salarial entre hombres y mujeres con discapacidad alcanzó el 8,89 %, con una diferencia de 2.039,50 euros menos en el salario medio anual bruto de las mujeres.

En comparación con las mujeres sin discapacidad, esta brecha se eleva al 14,62 %, lo que se traduce en 3.562,40 euros menos de salario anual. La situación es "aún más grave" si se compara con los hombres sin discapacidad, donde la brecha se dispara hasta el 39,52 %, agregó, lo que representa una diferencia de 8.710,20 euros anuales.

Según explicó Cermi, se combinan la discriminación por género y discapacidad, algo que perjudica "significativamente" las oportunidades económicas y la autonomía financiera de estas mujeres. Este porcentaje no ha mostrado mejoras significativas en los últimos años, lamentó, prueba de "una falta de medidas eficaces para cerrar esta brecha".

El informe también señala que la participación de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral sigue siendo una asignatura pendiente. En 2023, la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad fue del 35,1 %, muy por debajo del 73,9 % registrado en mujeres sin discapacidad. La tasa de empleo de las mujeres con discapacidad se situó en un 28,3 %, frente al 63,7 % de sus homólogas sin discapacidad.

El acceso a contratos indefinidos es también más limitado para las mujeres con discapacidad en comparación con los hombres con esta misma condición y con la población sin discapacidad. En 2023, hubo 5.590 contratos indefinidos para mujeres con discapacidad , frente a los 7.449,9 sus homólogas sin discapacidad. Además, la tendencia en la contratación a tiempo parcial es mayor en mujeres con discapacidad, lo cual consolida un modelo de empleo precario y de menor remuneración.

Por eso, el Movimiento Cermi instó a las administraciones públicas y al sector privado a adoptar medidas eficaces para cerrar la brecha salarial y mejorar la inserción laboral de las mujeres con discapacidad. Entre las medidas propuestas, figuran el refuerzo de políticas activas de empleo, incentivos a la contratación indefinida, planes de igualdad inclusivos y un mayor control del cumplimiento de la normativa en igualdad retributiva.