"Es una de las agresiones más graves contra los derechos de las personas con discapacidad", aseguró el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno.

El comunicado agrega que, "año tras año, el mayor número de quejas y reclamaciones de las personas con discapacidad se refieren a la absoluta inadecuación de la legislación vigente en materia de propiedad horizontal en los aspectos de accesibilidad, que hace depender la realización de estas obras del voto del resto de copropietarios".

Además, obliga a las personas con discapacidad, en la mayoría de las ocasiones, a asumir en exclusiva el coste de las actuaciones de accesibilidad, indicó Pérez Bueno.

El sector de la discapacidad viene reclamando al Gobierno la urgente modificación de esta legislación, a fin de que el coste de las actuaciones de accesibilidad sea asumido por toda la comunidad de propietarios, como ocurre en la mayor parte de países europeos que tienen regímenes de propiedad similares.

"No obstante, el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, no ha cumplido el compromiso electoral, asumido en el año 2004, de promover el cambio de la Ley de Propiedad Horizontal", destaca el comité.

Para el Cermi, se trata de una de las demandas más acuciantes del sector de la discapacidad, que necesita una respuesta inmediata. "No caben más demoras, pues la actual situación compromete los derechos humanos más básicos de miles de personas con discapacidad y personas mayores", concluye su presidente en el comunicado.